Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi la mitad de las penas judiciales impuestas durante el año 2010, un 44,4 % para ser precisos, fueron delitos contra la seguridad vial, siendo los castigos más frecuentes multa y prisión. Los delitos de lesiones están en segundo lugar en esta estadística, mientras que los robos ocupan el tercer puesto.
En el año 2010 se inscribieron en el Registro Central de Penados 213.878 condenados según las sentencias firmes dictadas y comunicadas, lo que supone un 3,6 % menos que en 2009 y lo que deja las cifras de penados por delitos de tráfico en casi noventa y cinco mil personas.
La Estadística de Condenados y la Estadística de Menores se elaboran a partir de la información del Registro Central de Penados y del Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respectivamente, y hacen ver la magnitud de la comisión, detección e imputación del delito relativo a la seguridad vial.
Casi noventa y cinco mil conductores condenados, y en un 23,2 % de todos los delitos la pena supone prisión. Es de suponer que los delitos de tráfico supongan cárcel en un porcentaje menor, pero no dispongo del desglose de datos. En cualquier caso, ¿es ese el panorama que deseamos ver en nuestra sociedad? ¿Las conductas más peligrosas deben acabar con sus protagonistas encerrados entre cuatro paredes? Es una pregunta al viento nada más.
Las conductas imprudentes al volante son un peligro para quienes las cometen y para quienes se encuentran en el lugar y en el momento de la comisión. Sin embargo, ¿es la cárcel el lugar adecuado para estos conductores que infringen la Ley de forma manifiestamente peligrosa? ¿Sirve de algo o, como dice el tópico, de la cárcel “salen peor que entran”? La respuesta, desde luego, es la reeducación, y si me lee alguien relacionado con Instituciones Penitenciarias seguro que me cuenta que sí, que allí reeducan al interno para reinsertarlo en la sociedad cuando haya cumplido la pena que se le impone.
De acuerdo, entonces. Reeducación. Pero, ¿qué tipo de reeducación? La pena de trabajos en beneficio de la comunidad representa el 16,9 % del total de las penas impuestas para todos los delitos, mientras que la pena de prisión se aplica en un 23,2 % de los casos. Aunque ese 16,9 % reeducador se concentrase en los delitos de tráfico (que tampoco lo sé porque el INE no ha dado cuenta más que de unos pocos datos), ¿es suficiente con unas jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad para concienciar a los penados de que sus conocimientos, sus destrezas y sus actitudes resultan un peligro para la seguridad vial de las personas?
Seguramente la respuesta será válida para muchos casos… pero no en todos.
Muchas de estas personas tienen un historial de dependencia del alcohol y drogas, lo que los convierte en enfermos incapaces de decidir por su propia voluntad lo que hacen en cada momento (sin que esto sea una disculpa). Otros albergan tal pérdida de valores esenciales para la convivencia que ponerlos a los mandos de un vehículo sólo sirve para acentuar su incapacidad de vivir en sociedad. Con panoramas como estos, no nos extrañe que luego tengamos historias sobre infractores reincidentes que contar.
¿Los condenamos a no disponer del permiso de conducir? Bueno, pero… ¿en serio alguien cree que eso importa? ¿Qué le impide a una persona a la que se ha prohibido el acceso a la conducción de ponerse a los mandos de un vehículo? Especialmente cuando nos encontramos ante personas que han demostrado tener nulos valores esenciales. Ni la tecnología nos serviría en un caso así, ya que incluso un arranque de motor vinculado a un dispositivo tipo alcolock o a un permiso de conducir con tarjeta chip es perfectamente engañable.
El problema es mucho más complejo que cerrar una reja y tirar la llave al fondo del mar. No voy a citar una vez más a Pitágoras, pero lo cierto es que la mejor forma de prevenir un problema es evitar que se geste, crezca y se haga una bola enorme. Eduquemos para no tener que reeducar... tanto.
