La conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas o sin permiso son los motivos más comunes de penas
El 46 % de los conductores que han sido condenados por infringir las normas de seguridad vial desde la reforma del Código Penal de diciembre de 2007 hasta diciembre de 2010 son menores de 35 años, según un estudio elaborado por la Universidad Internacional Valenciana (VIU).
En este período se han dictado más de 275.000 condenas por delitos contra la seguridad vial, de las que un 60 % ha sido por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y un 37 % por conducir sin permiso.
Del resto, un 1,7 % ha tenido como causa la conducción temeraria, un 1 % por velocidad excesiva y un 0,2 por cien se ha debido a una conducción con desprecio manifiesto a la vida.
De los conductores condenados por conducir bajo la influencia del alcohol, el 66 % es menor de 45 años, mientras que el 53 por cien de los condenados por exceso de velocidad tiene también menos de 45 años, y de los condenados por conducir sin carné de conducir, el 66 por cien de ellos es menor de 35 años.
Este estudio ha valorado la función del permiso por puntos por su "carácter punitivo y dimensión reeducadora" y ha contabilizado que, desde su entrada en vigor desde 2006, unos 108.000 conductores perdieron su permiso de conducir por la retirada todos sus puntos, de los que 80.000 acudieron a cursos de recuperación.
En este mismo período, se han registrado más de cuatro millones de conductores sancionados, de los que el 31 por cien está entre los 25 y los 34 años, el 25 por cien entre 35 y 44, el 18 por cien entre 45 y 54; el 10 por cien entre 55 y 64, y el 4 por cien supera los 65 años.
Ocho de cada diez conductores que son sancionados con pérdida de puntos son hombres, según el informe, que añade que de las cuatro millones de sanciones firmes, un 48% son por exceso de velocidad, mientras que conducir sin cinturón, circular bajo la influencia del alcohol y usar el móvil representan el 33 % de las infracciones sancionadas.
El estudio propone una reforma de la legislación que suponga una endurecimiento de las penas, nuevas figuras penales y la posibilidad de imponer trabajos en beneficio de la comunidad para disuadir a los conductores que comprometan la seguridad de los demás
