En España, de los 30.000 desfibriladores instalados, se estima que muchos de ellos se encuentran en espacios públicos. De ello depende que sea efectiva la desfibrilación. Sin embargo, esta facilidad de acceso puede hacer que se produzcan robos.
De momento el índice de robos es muy bajo, pese a que recientemente en el ayuntamiento de Sevilla La Nueva y en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Zaragoza (CITA) se ha producido el robo de uno de estos aparatos. Tras la imposición de la correspondiente denuncia se espera que sea devuelto lo antes posible, ya que se ha procedido a una investigación por parte de la Guardia Civil.
Rubén Campo González, fundador del Proyecto Salvavidas y experto en cardioprotección, comenta que el índice de hurtos de desfibriladores es muy bajo y suelen ser devueltos a los pocos días. Esto se debería al escaso valor de estos equipos en el mercado de segunda mano, puesto que se trata de dispositivos muy delicados y que precisan de un mantenimiento adecuado y continuo.
Además, los pocos desfibriladores robados se encuentran registrados de forma oficial. Un registro que depende del Departamento de Sanidad de la comunidad pertinente y se basa en un número de serie que indicaría a quién pertenece y dónde debería estar localizado. “El problema no se debe a la falta de seguridad, puesto que la gran mayoría de estos equipos cuentan con sistemas de geoposicionamiento, video-vigilancia, alarma antirrobo, etc”, declaraba Campo González.
Por otra parte, “en muchos casos, los ladrones desconocen la gravedad de este tipo de robo. Si durante el tiempo en el que el dispositivo ha sido robado, una persona sufre una parada cardíaca y no se le puede atender por la falta del desfibrilador, el ladrón podría estar cometiendo importantes delitos. Además de un delito contra la Salud Pública, constituye otro de robo o hurto, dependiendo de las circunstancias, con su consiguiente sanción económica. Recientemente un juez sancionó a una persona que robo un desfibrilador con dos años de prisión y una gran multa económica”.
El fundador del Proyecto Salvavidas incide también en que las sanciones por robo de estos equipos deberían ser mucho más elevadas: “Debemos ser conscientes de que robar un desfibrilador, que tarde o temprano va a salvar la vida de una persona, debería equipararse a robar una botella de oxígeno a un enfermo que la requiere para vivir”.
Fuente: Atresmedia