•El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el ministro Portavoz del Gobierno, José Blanco, han explicado en rueda de prensa posterior al Consejo Ministros los cambios en el proceso penal que prepara el Gobierno. Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Constitución, que se formaliza una iniciativa de cambio del proceso penal tan profunda.
•El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal responde al compromiso del Gobierno de modernizar la organización de la justicia en España. La actual ley data de 1882, de ahí la necesidad de esta reforma.
•La futura ley establece, entre otras novedades, que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación, como ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos, pero siempre bajo un control judicial imparcial.
•El ministro Portavoz, José Blanco, ha concretado que la norma regirá el 70% de los pleitos en España y considera que es un instrumento "más eficaz en la lucha contra el crimen y para apoyar a las víctimas".
"Una ley con mucho más juez"
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha subrayado que la ley intenta "razonablemente y buscando equilibrios" solventar la tensión existente en la primera fase del proceso penal entre jueces y fiscales.
Caamaño ha explicado que "frente al modelo de juez instructor y juez que juzga, vamos a tener un juez de garantías, que controla la investigación, un juez de la audiencia preliminar, que controla la acusación, y un juez que juzga". "Ésta no es una ley con menos juez, al revés es una ley con mucho más juez", ha añadido.
El ministro ha detallado que la investigación y la dirección de toda la investigación y de la policía judicial corresponde al fiscal, pero todos los actos del fiscal: prolongar la investigación, decidir en entrar o no en el domicilio de una persona, decidir su prisión o su puesta en libertad, son controlados inmediatamente por un juez.
Caamaño ha añadido que el juez "no forma parte de la investigación" y, por tanto, ofrece claras garantías de neutralidad a los ciudadanos por el alejamiento al proceso de investigación que está dirigiendo el fiscal. "Todos los actos relevantes que realice el fiscal están sometidos a un juez que se denomina en la ley juez de garantías", ha dicho.
Además, ha indicado que "si iniciada la investigación, los acusaciones consideran que han acumulado pruebas suficientes y quieren formalizar la acusación contra la persona que han investigado irán a un juez distinto" ajeno a la investigación. A ese juez se le denomina juez de la audiencia preliminar y decidirá si es posible o no formular acusación contra una persona.
Finalmente, si se supera el juicio de acusación y ese juez considera que hay elementos bastantes para procesar, será un tribunal de justicia distinto quien resuelva, según Caamaño.
Derechos vinculados al proceso penal
El Consejo de Ministros también ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal. "Una norma que regula derechos tan importantes como los de la persona detenida o el control judicial de las medidas limitadas de libertad", ha explicado el ministro Portavoz y ministro de Fomento, José Blanco.
El ministro Caamaño ha señalado que la norma regula los derechos de la persona detenida, el control judicial de las medidas limitativas de la libertad, así como todas aquellas con incidencia en la integridad física o la intimidad de las personas .
Preguntado por el modelo de comunicación en el nuevo proceso penal, el ministro de Justicia ha aclarado que le ley "sólo quiere dar una pauta a los fiscales, a los jueces y al sistema de justicia para hacer una comunicación más transparente, protegiendo al tiempo los intereses de los ciudadanos.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia.
José Blanco ha asegurado que la norma "contribuirá a racionalizar y simplificar nuestro sistema judicial. "Se hace para ganar en eficiencia, acortar los tiempos de espera y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia", ha añadido.
